Las retenciones al agro superan la inversión pública

Según un estudio, se recaudan $24 mil millones por exportaciones, y se destinan $15 mil millones a infraestructura económica. El incremento en las retenciones a las exportaciones anunciado por el Gobierno nacional produjo el malestar de productores santiagueños, quienes manifestaron que es una medida que perjudica a las economías regionales. En este sentido, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostiene que “el problema de fondo es la mala calidad de las instituciones fiscales. Con algunos ajustes puntuales, pero sustantivos, sobre el presupuesto 2008 se podrían evitar los efectos más negativos de las retenciones y dar un primer paso hacia la demorada modernización de las instituciones fiscales”. El aumento en los precios internacionales de los productos agropecuarios implica que con el mismo esfuerzo productivo el país obtiene mayores ingresos para su economía, sostienen. Para que este beneficio sea plenamente aprovechado y distribuido con razonables niveles de equidad, dicen que se requiere contar con buenas instituciones fiscales. “Con un adecuado funcionamiento del Impuesto a las Ganancias se podría captar parte de los frutos de la bonanza internacional para socializarlos regionalmente con la coparticipación federal e invertir en infraestructura regional. Además, permitiría generar los recursos para compensar, a través de la política social, a las familias más pobres por los mayores precios de los alimentos”, agregan. Frente a la debilidad que caracteriza a las instituciones fiscales argentinas, se apela como sustituto imperfecto a las retenciones a las exportaciones. El proyecto de presupuesto 2008, indican que da algunos indicios de las consecuencias que tiene que adoptar esta estrategia: - Sin considerar el último aumento de alícuotas, en el proyecto de presupuesto 2008 se esperaba recaudar $24 mil millones por retenciones a las exportaciones. - En infraestructura económica y social se invertirán $15 mil millones. - Las 4 jurisdicciones más desarrolladas del país -ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- absorberán el 39% de esta inversión aunque representan el 10% de la población total.